
Personajes como Josep Antoni Duran i Lleida, líder de la ilegalmente financiada Unió Democristiana de Catalunya, han puesto el grito en el cielo (lo cual es muy democristiano). Les horroriza la 'amenaza' de que los ciudadanos denuncien, en el entorno del domicilio de los diputados que voten negativamente, su colaboración en el mantenimiento de una injusta ley hipotecaria pese al apoyo a la ILP de los 1,4 millones de firmantes y, según las encuestas, de un 90% de la opinión pública.
Esta situación y las corruptelas 'sobrecogedoras' de Bárcenas, Matas, Urdangarín, Crespo, Oriol Pujol, Millet, Pallerols, Bustos,... y viendo que el único que dimite es el Papa, hacen pensar que vivimos en un dictadura cleptocrática controlada por el 1% con elecciones cada cuatro años en vez de en una democracia real al servicio del 99%. Parecen tener razón los que piden una segunda transición... o una primera ya que lo del final de la dictadura resultó ser una mera transacción.
La acción pacífica del escrache es desagradable (¡a nadie le gusta que le envíen al cobrador del frac!) pero la injusticia que trata de evitar - la impunidad de los genocidas argentinos hace 30 años y la impunidad de los genocidas financieros ahora - es de tal magnitud que sorprende que algunos puedan dirigir su indignación a la acción y no a las causas que, tras 7 años de lucha en la calle, en las entidades bancarias y en las instituciones, han hecho que la PAH haya subido hasta este peldaño de presión social.
El caso es que los que se escandalizan por el anuncio del escrache no verían con malos ojos enviar al cobrador del frac a casa de alguien que tuviera una deuda con ellos. Eso es exactamente lo que propone la PAH: que los 'ciudadanos del frac' exijan a sus representantes que paguen su 'deuda' con el pueblo, la consistente en rescatar a los ciudadanos a los que dicen representar.